Donaciones y Sucesiones a No Residentes en España

Cuando se realiza una donación a un no residente en España, el donatario (quien recibe la donación) está sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en España si los bienes o derechos donados están situados en territorio español. El tratamiento fiscal de esta donación depende de varios factores, como el lugar de residencia del donatario y la ubicación de los bienes.

Determinación del impuesto aplicable
Bienes inmuebles en España: Si el bien donado es un inmueble situado en España, la donación estará sujeta al ISD español.
Bienes muebles o derechos situados en España: Si se trata de bienes muebles (como dinero depositado en un banco español) o derechos (acciones en una empresa española, por ejemplo), también estarán sujetos a tributación en España.
Obligación tributaria del no residente
Los no residentes que reciben una donación de bienes situados en España deben declarar el ISD ante la Agencia Tributaria Española. De acuerdo con la normativa, el tipo impositivo y las deducciones aplicables pueden variar según la Comunidad Autónoma donde se ubique el bien donado, ya que existen competencias autonómicas en la regulación de este impuesto.
Presentación y liquidación del impuesto
El impuesto debe presentarse en la Agencia Tributaria y, en el caso de no residentes, también puede gestionarse a través de un representante fiscal en España.
La declaración se presenta utilizando el Modelo 651, que es específico para donaciones. Si el donatario reside fuera de España, debe presentar el modelo en la Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente al lugar donde se encuentran los bienes o derechos.
Plazo de presentación
El ISD debe presentarse en un plazo de 30 días hábiles desde el momento en que se hace efectiva la donación.
Normativa autonómica.
Si el donante es residente en España y el donatario es residente en un Estado Miembro de la comunidad Económica europea, podrán aplicar la normativa al respecto de la comunidad Autónoma, aplicando las bonificaciones, de hasta el 99% según la comunidad autónoma.
Tipos:
Los tipos impositivos son progresivos y varían según el importe de la donación y el grado de parentesco entre donante y donatario.

Para más información, puede consultar la guía de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para no residentes: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones – No residentes.

El Silencio Administrativo

¿Qué es y cómo afecta a los procedimientos?

En el ámbito del derecho administrativo, el silencio administrativo juega un papel fundamental cuando una administración pública no responde en los plazos establecidos. Este concepto está regulado en el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015) y tiene importantes implicaciones tanto para los ciudadanos como para las administraciones. A continuación, desglosamos los aspectos más relevantes sobre el silencio administrativo.

Plazos para resolver

La ley establece que las administraciones tienen la obligación de resolver los procedimientos dentro de un plazo máximo. En términos generales, este plazo es de seis meses, salvo que una norma con rango de ley determine un periodo mayor o que así esté previsto en el Derecho de la Unión Europea. Si las normas que regulan un procedimiento específico no fijan un plazo máximo, este será de tres meses.

Silencio administrativo positivo: Regla general

En los procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado, el vencimiento del plazo sin haberse notificado una resolución expresa tiene como consecuencia que el interesado pueda entender estimada su solicitud. Es decir, si la administración no se pronuncia dentro del plazo, la solicitud se considera aprobada por silencio administrativo positivo.

Excepciones a la regla del silencio positivo

Existen excepciones donde no se puede aplicar el silencio administrativo positivo, como en los siguientes casos:

Derecho de petición del artículo 29 de la Constitución Española.
Procedimientos que conlleven la transferencia de facultades relativas al dominio público o servicios públicos.
Actividades que puedan causar daño al medio ambiente.
Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Procedimientos en los que se impugnen actos o disposiciones administrativas.
Procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

Silencio administrativo negativo en procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la propia administración, aunque esta sigue estando obligada a resolver, el silencio administrativo puede tener efectos negativos. Esto ocurre en aquellos casos donde la estimación del silencio podría reconocer un derecho o situación jurídica individualizada, lo que sería desfavorable para la administración. En estos casos, el silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios.

Acreditación del acto administrativo presunto

Cuando ocurre el silencio administrativo, la existencia de un acto administrativo presunto (ya sea positivo o negativo) puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Esto impide que la administración pueda ocultar el incumplimiento de su obligación de resolver de manera expresa.

El artículo 24.4 de la Ley 39/2015 permite probar la existencia de un acto administrativo estimatorio como consecuencia del silencio administrativo a través de un certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado debe ser expedido de oficio por el órgano competente en un plazo de quince días tras la expiración del plazo máximo para resolver. Además, el interesado puede solicitar este certificado en cualquier momento.

Conclusión

El silencio administrativo es una herramienta que protege a los ciudadanos frente a la inacción de las administraciones públicas, garantizando que los procedimientos no queden indefinidamente sin respuesta. Conocer los plazos, las excepciones y la manera en que se acredita un acto administrativo presunto es clave para poder hacer valer los derechos en cualquier proceso administrativo.

En Mconsulting Safor, en Oliva, estamos a tu disposición para asesorarte en procedimientos administrativos y ayudarte a entender cómo te afecta el silencio administrativo en cada caso concreto. No dudes en contactarnos si necesitas asistencia.

Defectos ocultos en un vehículo: La justicia le da la razón al comprador

La compra de un vehículo usado puede convertirse en una experiencia frustrante si el vehículo adquirido presenta defectos ocultos. Un reciente fallo de la Audiencia Provincial de Balears ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la protección del consumidor en este tipo de transacciones y ha establecido un precedente relevante en materia de compraventa de vehículos.

En este caso concreto, una mujer adquirió un Mini Cooper R-56 que, a simple vista, parecía estar en buen estado. Sin embargo, poco después de la compra comenzaron a surgir una serie de problemas mecánicos graves que ponían en duda la fiabilidad y seguridad del vehículo. A pesar de que la vendedora había garantizado que el coche se encontraba en perfecto estado, la realidad era bien distinta.

La decisión judicial

La Audiencia Provincial de Balears, tras analizar las pruebas presentadas, concluyó que los defectos detectados en el vehículo eran de tal gravedad que invalidaban la garantía otorgada por la vendedora. Además, el tribunal consideró que estos defectos impedían el uso normal del coche y que su reparación resultaba económicamente inviable en relación con el precio de venta.

Las implicaciones del fallo

Este fallo judicial tiene importantes implicaciones para los consumidores que adquieren vehículos de segunda mano:

• Defectos ocultos: Confirma que los vendedores están obligados a informar de cualquier defecto oculto que pueda afectar al funcionamiento o seguridad del vehículo.
• Garantía: La garantía ofrecida por el vendedor debe ser real y efectiva, y no puede utilizarse para ocultar defectos importantes.
• Resolución del contrato: En caso de que se detecten defectos ocultos que hagan el vehículo inservible, el comprador tiene derecho a resolver el contrato y recuperar el precio pagado.
• Indemnización: Además de la devolución del precio, el comprador puede tener derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Recomendaciones para los compradores

A la luz de este fallo, es recomendable que los compradores de vehículos usados tomen las siguientes precauciones:
• Pedir una Informe de antecedentes del vehículo.
• Revisión mecánica: Antes de formalizar la compra, es fundamental que el vehículo sea revisado por un mecánico de confianza.
• Contrato por escrito: Es importante formalizar la compraventa mediante un contrato por escrito en el que se especifiquen las características del vehículo y las condiciones de la garantía.
• Guardar todas las facturas: Las facturas de las reparaciones pueden ser una prueba valiosa en caso de futuros problemas.
• Acudir a una gestoría a ralziar la transferencia.

Conclusión

Este fallo judicial es una victoria para los consumidores y demuestra que la justicia está dispuesta a proteger sus derechos. Los compradores de vehículos usados deben ser conscientes de sus derechos y no dudar en reclamar si se sienten engañados.

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La Inversión del Sujeto Pasivo: Un Mecanismo en la Tributación de Operaciones Inmobiliarias

La inversión del sujeto pasivo es un mecanismo tributario que entra en juego en ciertas operaciones inmobiliarias, con el objetivo de transferir la responsabilidad del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) desde el proveedor al destinatario de dichas operaciones. Es decir que son operaciones en las que el IVA lo declara el adquirente. Este proceso se activa cuando se cumplen una serie de requisitos específicos, los cuales delinean el alcance y la aplicación de este mecanismo.

Para que se aplique la inversión del sujeto pasivo, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

Calidad de Empresario o Profesional del Destinatario: El receptor de las operaciones sujetas al Impuesto debe actuar en calidad de empresario o profesional.
Naturaleza de las Operaciones: Las operaciones realizadas deben tener como objetivo la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.
Ejecuciones de Obra: Las operaciones deben tener la naturaleza jurídica de ejecuciones de obra, ya sea con o sin la aportación de materiales, incluyendo la cesión de personal necesario para su realización.
Contratos Formalizados: Estas operaciones deben ser consecuencia de contratos formalizados directamente entre el promotor y el o los contratistas principales. Además, la inversión del sujeto pasivo también se aplicará en casos de ejecuciones de obra y cesiones de personal para contratistas principales u otros subcontratistas, siempre y cuando estén relacionados con un contrato principal que tenga por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Es importante destacar que el término «directamente formalizados» se equipara a contratos «directamente concertados», independientemente de si estos contratos se realizan de forma oral o escrita.

Para una correcta aplicación de este mecanismo, es necesario delimitar ciertos conceptos, como la condición de empresario o profesional del destinatario de las operaciones, que incluye tanto a urbanizadores de terrenos como a promotores de edificaciones.

En el ámbito objetivo de aplicación, se establecen tres requisitos principales:

Las operaciones deben realizarse en el contexto de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.
Las operaciones deben tener la naturaleza jurídica de ejecuciones de obra.
Dichas operaciones deben derivarse de contratos directamente formalizados entre el promotor y los contratistas principales.

En cuanto a la emisión de facturas, las entidades contratistas están obligadas a expedirlas en el momento del devengo del Impuesto. Esto puede ocurrir al momento de la entrega total o parcial de la obra al destinatario, o al momento del cobro de las certificaciones correspondientes por parte de los contratistas o subcontratistas, si este ocurre antes de la entrega de la obra. En la factura debe constar que el sujeto pasivo del Impuesto es el destinatario de la operación o, a partir del 1 de enero de 2013, mencionar «inversión del sujeto pasivo» cuando proceda la aplicación del artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley del Impuesto.

Mas información, consulta vinculante V2583

Obtención del Número de Identificación Fiscal (NIF) para Empresas Extranjeras en España

Las empresas extranjeras que deseen establecer relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria en España deben obtener un Número de Identificación Fiscal (NIF). Este proceso, aunque puede parecer complejo, sigue una serie de pasos definidos por la Agencia Tributaria española. A continuación, detallamos el procedimiento requerido para la obtención del NIF por parte de empresas extranjeras:

1. Presentación de Declaración Censal: La primera etapa del proceso implica la presentación de la declaración censal utilizando el modelo 036. Esta declaración debe ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha de constitución de la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, o de su establecimiento en territorio español. Es fundamental cumplir con este plazo antes de realizar cualquier actividad económica en España, como la entrega de bienes o servicios, cobros, pagos o contratación de personal laboral.

2. Documentación Requerida: Para completar la solicitud del NIF, se debe adjuntar la siguiente documentación:

Modelo 036 debidamente cumplimentado.
Certificación de la autoridad registral o fiscal del país de origen que acredite la existencia de la entidad. Este documento puede ser la escritura de constitución en su país y los estatutos de la entidad inscritos en algún registro oficial, o una certificación notarial que confirme la existencia de la sociedad.
En el caso de representantes legales o voluntarios que firmen la solicitud del NIF en nombre de la entidad, se requiere:
- Tarjeta o documento acreditativo del NIF asignado por la Administración española.
- Documento que demuestre el poder suficiente para representar a la entidad, como un poder ante notario español o notarial extranjero debidamente apostillado.

3. Legalización y Traducción de Documentos: Si los documentos presentados no están otorgados en España, es necesario legalizarlos y traducirlos al castellano para su validez ante la Administración pública española. La legalización puede realizarse a través de legalización diplomática o apostilla de la Haya, dependiendo del país de origen del documento. Además, se requerirá una traducción oficial realizada por un traductor jurado o a través de representaciones consulares o diplomáticas.

4. Representación Legal: En el caso de que la solicitud sea presentada por medio de un representante, se deberá proporcionar una fotocopia del NIF del representante, junto con la documentación que acredite su representación legal.

5. Tramitación y Verificación: Es importante tener en cuenta que el NIF no se asignará a la persona jurídica extranjera sin verificar previamente que los representantes legales disponen de NIF y están dados de alta en el censo. Si alguno de los representantes no está censado, primero se debe tramitar la solicitud y asignación de NIF para ellos antes de continuar con la solicitud de la entidad que representan.

Conclusión: La obtención del NIF por parte de empresas extranjeras que deseen operar en España es un proceso que requiere cumplir con una serie de requisitos y procedimientos definidos por la legislación española. La presentación correcta de la declaración censal y la documentación necesaria, así como la verificación de los representantes legales, son pasos fundamentales para asegurar una correcta tramitación del NIF y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en España.

Para obtener mas información: Guia de Censos de la Agencia Tributaria, septiembre de 2024.

INFORMACIÓN RENTA 2023

Documentación Personal:

DNI/NIE original del titular.
Referencias catastrales (identificador de los bienes inmuebles) de todos los inmuebles en propiedad. O en los que vivas de alquiler.
Número IBAN de cuenta bancaria.

Situación Personal:

Autorización y Fotocopia DNI (todos los miembros de la unidad familiar) – Modelo de autorización.
Cambios en la estructura familiar producidos durante el 2023: divorcios, viudedad…
Certificado de invalidez (en caso de alguna minusvalía).
Certificado de pensiones (el Ministerio de trabajo y Seguridad Social lo envía a los pensionistas).

Justificantes, Derecho a Deducciones Fiscales:

En caso de estar alquilando un inmueble: NIF del arrendador y las cantidades pagadas por el alquiler.
Con una hipoteca: los recibos de los seguros anteriores al año concreto.
Por adquisición de préstamo: los saldos pendientes de amortizar del préstamo original.
Cuotas por afiliación a sindicatos/partidos políticos.
Por donativos: los justificantes pertenecientes de donaciones a ONGS…
Facturas de gastos deducibles (en caso de ser autónomo): gastos médicos, dentales, gastos en educación…

Certificados para declarar la situación fiscal:

Certificado de retenciones IRPF e ingresos de cuenta: documento que recoge las percepciones brutas totales del año así como las retenciones practicadas sobre la base imponible, a través de las retenciones de IRPF en nómina, durante el año fiscal.
Certificado de entidades financieras: Las entidades financieras deben proporcionar un certificado en el que consten los rendimientos generados por; depósitos, fondos de inversión e intereses abonados en el ejercicio del año anterior.
Certificado de imputación de rentas: En caso de ser propietario de bienes inmuebles que generen rentas.
Carta de concesión de subvención.
Certificado de retenciones emitido por el pagador.
Importe de cuotas satisfechas a sindicatos y de las cuotas satisfechas a colegios profesionales.
Gastos de defensa jurídica contra el empleador.
Certificados de empresas, entidades financieras y de seguros, contratos que supongan un rendimiento de capital gastos recibidos en las transmisiones de activos financieros.
Si has percibido un seguro contratado antes del 31/12/1994 el importe del capital recibido.
Justificantes de ingresos y gastos por el alquiler de locales de los cuales sea propietario.
TRANSMISIÓN DE VIVIENDA HABITUAL: Escritura de adquisición y transmisión.
Importes reales, gastos y tributos de adquisición y transmisión.
Declaraciones en los que se practicaron deducciones por la vivienda transmitida.
Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a la fecha de transmisión.
GANANCIA-PERDIDA PATRIMONIAL POR LA TRANSMISIÓN DE OTROS BIENES.
Fechas y escritura de adquisición y transmisión.
Importes reales gastos y tributos de adquisición y transmisión.
Certificados de fondos de inversión.
Justificantes de premios recibidos.
Justificante de subvenciones.

NOVEDAD DEDUCCIONES GENERALITAT VALENCIANA 2023:

GASTOS PRÁCTICA DEPORTIVA:

pagos federaciones deportivas, gimnasios, piscina…etc.
justificante compra “material obligatorio” para la práctica deportiva.

GASTOS DE FISIOTERAPUETAS, MASAJASITAS, NUTRICIONISTAS-DIETISTAS, ENTRENADORES PERSONALES,,,,,

GASTOS DE ÓPTICA. Se trata de los destinados a la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza.

GASTOS vinculados a la SALUD BUCODENTAL. Por ejemplo, ortodoncias.

GASTOS generados por miembros de la unidad familiar que necesiten ayuda por sufrir cualquier patología asimilada a PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

Nuevo Aval Estatal: Una Oportunidad para Acceder a la Vivienda

Acceder a una vivienda propia es el sueño de muchos jóvenes y familias en España. Sin embargo, las barreras económicas suelen ser un obstáculo difícil de superar. Es por eso que el Gobierno ha implementado un nuevo aval estatal, una medida destinada a facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que cumplen con ciertos requisitos.

Requisitos para Solicitar el Aval

El aval ICO está destinado al 20% del valor de la vivienda. Este beneficio puede ser solicitado por personas menores de 35 años cuyos ingresos anuales no superen los 378,000 euros. Además, se dará prioridad a las familias con hijos a cargo y a las familias monoparentales, reconociendo así la importancia de apoyar a los núcleos familiares en su acceso a una vivienda digna.

Cobertura del Aval

Es importante tener en cuenta que el aval estatal cubrirá únicamente el 20% restante del precio de la vivienda, no incluyendo los gastos asociados a la compra, tales como los honorarios de notaría, el Registro de la Propiedad, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el IVA.

Proceso de Otorgamiento del Aval

Aquellos que soliciten el aval estatal no recibirán la cantidad total para la compra de la vivienda. En cambio, al realizar los pagos mensuales al banco por concepto de amortización e intereses de la hipoteca, el Estado avalará una quinta parte de ese monto. Es decir, en caso de que el titular no pueda cumplir con el pago de la hipoteca, el banco podrá recuperar ese porcentaje del Estado, proporcionando una garantía adicional tanto para los solicitantes como para las entidades financieras.

Entidades Bancarias Colaboradoras

No cualquier banco participa de estas condiciones. Busca en este enlace si tu banco es entidad colaboradora.

Gestión Empresarial: Claves del Concurso de Acreedores

La gestión de una empresa está llena de desafíos, y en ocasiones, puede llegar a un punto crítico donde la viabilidad financiera se ve comprometida. En tales casos, es esencial comprender cuándo y cómo presentar un concurso de acreedores. En este artículo, exploraremos las premisas fundamentales relacionadas con este proceso crucial en el ámbito empresarial.

1. ¿Cuándo presentar un concurso de acreedores?

El concurso de acreedores se presenta cuando una empresa enfrenta dificultades financieras que le impiden cumplir con sus obligaciones. Algunas situaciones que pueden justificar la presentación de este proceso incluyen la imposibilidad de pagar deudas vencidas, la acumulación de deudas impagables, o la falta de liquidez para mantener la operación normal de la empresa.

2. Masa Activa y Masa Pasiva del Concurso

En el contexto del concurso de acreedores, se habla de dos conceptos fundamentales: la masa activa y la masa pasiva. La masa activa comprende todos los bienes y derechos del deudor que son susceptibles de ser liquidados para satisfacer las deudas. Por otro lado, la masa pasiva engloba todas las deudas y obligaciones que deben ser atendidas durante el proceso concursal.

3. Créditos contra la Masa y Créditos Subordinados

Dentro de la masa pasiva, es crucial distinguir entre los créditos contra la masa y los créditos subordinados. Los créditos contra la masa son aquellos que se generan como consecuencia directa de la administración del concurso, como los gastos judiciales, honorarios del administrador concursal, salarios de los empleados desde la declaración del concurso, entre otros. Por otro lado, los créditos subordinados son aquellos que, por su naturaleza, se sitúan en una posición inferior respecto a otros créditos, y se pagan una vez que los primeros han sido satisfechos.

4. Fases del Concurso de Acreedores

El proceso de concurso de acreedores se desarrolla en varias fases. Inicialmente, se presenta la solicitud del concurso, que es admitida a trámite si se cumplen los requisitos legales. A continuación, se abre una fase de convenio o liquidación, dependiendo de la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores. Finalmente, se procede a la conclusión del concurso, donde se liquidan los activos restantes para satisfacer las deudas pendientes.

5. Nombramiento, Funciones y Remuneración del Administrador Concursal

El administrador concursal juega un papel crucial en el proceso de concurso de acreedores. Su nombramiento se realiza por el juez, y su función principal es gestionar y administrar los bienes y derechos del deudor. Esto implica elaborar un informe detallado sobre la situación económica de la empresa, proponer un plan de liquidación o convenio, y supervisar el desarrollo del proceso concursal. En cuanto a su remuneración, esta se establece de acuerdo con la complejidad del concurso y se sujeta a la aprobación judicial.

En conclusión, comprender las premisas relacionadas con el concurso de acreedores es esencial para tomar decisiones informadas en momentos de crisis financiera. La correcta gestión de este proceso puede marcar la diferencia entre la recuperación de la empresa o la liquidación de sus activos.

Consultenos si necesita presentar un concurso de acreedores.

Restricciones a los Apartamentos turísticos

La Importancia de Revisar Aspectos Legales al Comprar un Apartamento para Uso Turístico

En la era de la economía colaborativa y los cambios en los hábitos de viaje, la opción de convertir un apartamento en vivienda turística se ha vuelto cada vez más atractiva para los propietarios. Sin embargo, recientes sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dejan claro que este camino no está exento de obstáculos legales. Las sentencias STS nº 1671/2023, emitida el 29 de noviembre de 2023, y la STS nº 1643/2023, del 27 de noviembre, respaldan la decisión de las comunidades de propietarios que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de viviendas con fines turísticos.

La polémica gira en torno a la consideración del alquiler de viviendas para uso turístico como una actividad económica. La postura del Tribunal Supremo refuerza la idea de que, efectivamente, se trata de una actividad que puede afectar el equilibrio y la convivencia en una comunidad de propietarios. Ante esta realidad, se hace imperativo para aquellos que estén considerando la adquisición de un apartamento con la intención de destinarlo a uso turístico, revisar detenidamente todos los aspectos legales relacionados.

Estatutos de la Comunidad de Propietarios

Una de las lecciones más claras que nos deja la reciente jurisprudencia es la importancia de conocer y respetar los estatutos de la comunidad de propietarios. Si los estatutos prohíben expresamente el ejercicio de actividades económicas en las viviendas, incluyendo el alquiler turístico, los propietarios deben acatar estas disposiciones. Ignorar estas restricciones puede conllevar problemas legales, multas y, en casos extremos, la anulación de contratos de arrendamiento.

Normativas Locales y Autonómicas

Además de los estatutos internos de la comunidad de propietarios, es crucial familiarizarse con las normativas locales y autonómicas que regulan el alquiler turístico. En muchas jurisdicciones, existen requisitos específicos, como la obtención de licencias o el cumplimiento de ciertos estándares de seguridad. No cumplir con estas regulaciones puede derivar en sanciones económicas y la imposibilidad de llevar a cabo la actividad turística. Otros de los aspectos a tener en cuenta y que revisten especial importancia aquí en la Comunidad Valenciana es la antigüedad de los edificios y el número de viviendas para la obtención del Informe de Evaluación de Edificios como ya tratamos aquí y que de hecho en la práctica dificulta enormemente obtenerlo en edificios antiguas y de muchas viviendas.

Cambios en la Legislación y Jurisprudencia

El caso de las sentencias mencionadas subraya la necesidad de estar al tanto de posibles cambios en la legislación y la jurisprudencia. Lo que hoy puede ser permitido, mañana podría ser vetado. Mantenerse informado sobre las decisiones judiciales y las modificaciones legales es esencial para anticipar posibles obstáculos y ajustar las estrategias de inversión de manera adecuada.

Conclusión

El negocio de los apartamentos turísticos ofrece oportunidades significativas, pero también plantea desafíos legales que no deben subestimarse. La reciente posición del Tribunal Supremo refuerza la idea de que la actividad turística en comunidades de propietarios debe ser cuidadosamente considerada y planificada desde el punto de vista legal. Antes de emprender la compra de un apartamento con este propósito, es crucial contar con asesoramiento legal especializado y revisar minuciosamente los estatutos de la comunidad, las normativas locales y autonómicas, así como mantenerse informado sobre posibles cambios en la legislación. Solo así se puede garantizar una inversión segura y libre de complicaciones legales.