Importante sentencia la del Tribunal Supremo, 204/2023, 17 de Febrero de 2023, sobretodo para aquellos que asesoramos a clientes no residentes en España. Con esta sentencia se fija un criterio interpretativo importante, la doctrina jurisprudencial establecen que la administración tributaria no puede girar la liquidación directamente al contribuyente, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, en lugar de al sustituto del contribuyente, en aquellos impuestos en los que por imposición de la ley y en lugar del contribuyente es el sustituto del contribuyente quien resulta obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

El ejemplo mas claro y habitual es cuando un vendedor no residente, vende un inmueble. La plusvalía de dicho inmueble ha de ser satisfecha por el vendedor, pero al ser esto no residente, el recibo se girará a nombre del comprador del inmueble. Por lo tanto, hay que estar atentos y retener dicho precio en las compraventas, para evitar movimientos económicos entre ello (el vendedor tendría que darle el dinero al comprador para satisfacer el impuesto, o el riesgo todavía mayor de que el vendedor desaparezca de España y no le quede mas remedio al comprador que abonar de su propio patrimonio, un impuesto que no es suyo.

Nos cuenta un compañero que uno de sus clientes ha sido sancionado con 6.000 euros por no tener caja registradora. Es un pequeño restaurante, situado en una pequeña población de montaña y seguramente sus propietarios pensaron ¿A quien le vamos a interesar? Y la respuesta a esa pregunta era “A la Agencia Tributaria”. Al Ente le interesamos todos y alguien pensará que en demasía.

Es por ello que cabe recordar a todos, que por pequeño que sea tu comercio, tienes la obligación de emitir recibos, o bien manuales, o bien mediante caja registradora. Y mucho ojo con las cajas y los software que permiten borrar recibos, ya que la sanción puede llegar a los 50.000 euros.

Además, si no tienen caja registradora o utilizan una caja o un software que permita el borrado de recibos, además de la sanción, la Agencia Tributaria puede estimar que ustedes vienen cobrando mas de lo que han estado declarando y pedirles aquella cantidad que creen que ustedes no han declarado.

Para saber que ocurre con su plusvalía, es necesario saber cuando se ha producido el hecho. Así es distinto si este se produjo antes del 25 de noviembre o después, fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional que nos afecta (182/2021).

Vamos primero si el hecho imponible se produjo antes de esa fecha y en ello se nos abren dos posibilidades. Si la administración ha había emitido liquidación, como dicha sentencia no era de carácter retroactivo así que dicha liquidación, fuese abonada o no, no es anulable.

Ahora bien, si se trata de un hecho imponible anterior a dicha fecha, pero en tiempo de presentación o a espera de que la administración emitiera la liquidación, esta liquidación habría de ser presentada, pero la administración no estaría facultada para generar liquidación. Así lo establece la Dirección General de Tributos en su consulta vinculant número V3074-21.

Si la fecha e posterior, deberemos atender a la nueva forma de cálculo de la plusvalía, hecho que atenderemos pronto en este blog.

Sucede a menudo que un bien tiene varios propietarios, debido a herencias o a otros negocios jurídicos habituales en el ámbito familiar y, con menor frecuencia, en el ámbito de los negocios.

Puede pasar que alguno de los titulares de un bien, por ejemplo un piso, tenga una deuda y mediante mandamiento judicial o administrativo los terceros titulares del bien y que nada tienen que ver con la deuda, reciban una notificación que les informa del gravamen en dicho inmueble. Y les surgen varias preguntas:

En tal sentido, el artículo 170. 1 y 2 de la Ley General Tributaria, preceptúa:

“1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación.

Efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos.

2. Si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. A tal efecto, el órgano competente expedirá mandamiento, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo, solicitándose, asimismo, que se emita certificación de las cargas que figuren en el registro. El registrador hará constar por nota al margen de la anotación de embargo la expedición de esta certificación, expresando su fecha y el procedimiento al que se refiera.

En ese caso, el embargo se notificará a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la certificación.

La anotación preventiva así practicada no alterará la prelación que para el cobro de los créditos tributarios establece el artículo 77 de esta ley, siempre que se ejercite la tercería de mejor derecho. En caso contrario, prevalecerá el orden registral de las anotaciones de embargo»

¿Que significa que se embargue la parte del copropietario?

Significa que dicho bien no se podría vender sin abonar a la administración que ha dispuesto el embargo la cantidad proporcional al deudor.

¿Podría ejecutar la administración el bien para cobrar la deuda?

No, la administración podría ejecutar la parte del deudor, nunca las de los otros propietarios que nada tienen que ver con dicha deuda.