El Tribunal Supremo (Sala Tercera, Contencioso-Administrativo) fija doctrina sobre el alcance del poder de la Administración para dictar nuevas liquidaciones tributarias después de que una anterior haya sido anulada.
Hasta ahora, en la práctica, muchas administraciones (estatales y autonómicas) anulaban una liquidación y volvían a dictar otra —y otra más— cada vez que un tribunal o un órgano económico-administrativo les corregía un defecto.

El Supremo corta de raíz esta práctica y establece una línea roja:
Solo puede haber una segunda oportunidad (“doble tiro”) para dictar una nueva liquidación. No más.

Antecedente del caso

• El contribuyente presentó una autoliquidación del Impuesto de Sucesiones.
• La Administración hizo una primera liquidación (corrigiendo valores declarados).
• El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) anuló esa liquidación por falta de motivación y ordenó retrotraer actuaciones.
• La Administración dictó una segunda liquidación, pero declaró caducado el procedimiento.
• Luego abrió otro procedimiento nuevo y dictó una tercera liquidación.
• Los tribunales territoriales ordenaron incluso una cuarta liquidación.
• El contribuyente, ya exhausto, recurrió ante el Tribunal Supremo, que aprovecha para sentar doctrina limitando severamente la reiteración de liquidaciones.

Qué cambia exactamente esta sentencia

Antes:

• La Administración se amparaba en la “retroacción de actuaciones” o en el “principio de eficacia” para volver a empezar tantas veces como quisiera, dictando una nueva liquidación cada vez que cometía un error, ya fuera formal o de fondo.
• En la práctica, esto podía alargar indefinidamente el procedimiento y mantener al contribuyente en una situación de inseguridad jurídica constante.

Ahora (tras esta sentencia):

• El Tribunal Supremo establece la doctrina del “doble tiro” (no “tiro único”):
• Solo puede haber una segunda liquidación que sustituya a la primera anulada.
• Si también se anula esa segunda, la Administración ya no puede dictar una tercera ni sucesivas.

Y da igual que el vicio sea formal (por ejemplo, falta de motivación), o material (por ejemplo, error en la base imponible).En ambos casos, solo hay dos oportunidades.

Límites impuestos a la Administración

El Supremo recuerda los principios constitucionales que deben regir la actuación administrativa (art. 103 CE):

• Eficacia
• Proporcionalidad
• Seguridad jurídica
• Buena administración
• Buena fe

Y añade una enseñanza central: La Administración no tiene un “derecho al error indefinido”.
No puede beneficiarse de sus propias torpezas (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”).

En consecuencia:

• No puede repetir liquidaciones indefinidamente hasta acertar.
• No puede retrotraer actuaciones en bucle como si tuviera un “derecho a rehacer” sin límite.
• Si la segunda liquidación también es nula o defectuosa, pierde la oportunidad: el procedimiento termina y no puede volver a liquidar.

Qué implica para los contribuyentes y la Administración

Que implica para los contribuyentes:

• Ganan seguridad jurídica y finalidad del procedimiento.
• Se pone fin al “acoso procesal” de liquidaciones encadenadas.

Que implica para la Administración:

• La Administración no puede rehacer indefinidamente hasta lograr una liquidación correcta.
• Solo tiene una segunda oportunidad para dictar una nueva liquidación cuando la primera se anula.
• Debe actuar con mayor diligencia, motivación y precisión en esa segunda liquidación.
• No puede abrir un nuevo procedimiento para “intentar de nuevo” la liquidación.
• Queda sujeta al principio de buena administración y buena fe, con consecuencias jurídicas si reincide en errores.

En resumen

• La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2025:
• Fija doctrina casacional sobre el “doble tiro”.
• Prohíbe la práctica de dictar terceras o sucesivas liquidaciones sobre el mismo hecho imponible.
• Refuerza los principios de seguridad jurídica, buena administración y buena fe.
• En la práctica, limita la potestad revisora y correctora de la Administración tributaria: solo dos oportunidades (la inicial y una más).

Mas información

La facturación en España está inmersa en una transformación digital impulsada por la Agencia Tributaria, dando lugar a nuevos sistemas y siglas que pueden generar confusión. Aunque a veces se mezclan, el SIF, VERI*FACTU y el SII no son lo mismo, ni conceptual ni tecnológicamente.

En este artículo, te explicamos de forma clara en qué consiste cada uno, a quién afecta y cómo diferenciarlos.

Los Tres Pilares de la Nueva Facturación

1. SIF (Sistema Informático de Facturación): La Base Obligatoria

El SIF sienta las bases legales que todo software de facturación deberá cumplir. No es un programa concreto, sino un conjunto de requisitos establecidos por el Real Decreto 1007/2023. Su objetivo es garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las facturas.

Todo software de facturación deberá permitir el registro de altas y anulaciones de facturas, garantizar la trazabilidad completa de eventos (log) e incluir un código QR en cada factura emitida.

2. VERI*FACTU: La Verificación en Tiempo Real

VERI*FACTU es, esencialmente, un SIF con superpoderes. Se construye sobre la base del SIF y añade un componente crucial: la remisión en línea y automática de los registros de facturación a la Agencia Tributaria en tiempo real.

Con ello, la Administración puede cotejar la factura al instante y el cliente dispone de un QR o una URL para verificar su autenticidad directamente con la AEAT. Es un sistema de carácter voluntario.

3. SII (Suministro Inmediato de Información): Los Libros de IVA

Es importante destacar que el SII no genera facturas. Su ámbito es diferente: obliga a las empresas a enviar los libros registro del IVA (facturas emitidas y recibidas) a la AEAT en un plazo muy reducido (4 días hábiles). Las empresas incluidas en este régimen no estarán obligadas a implantar un SIF, ya que se considera que el SII cumple con los fines de control de forma más amplia.

Tabla Comparativa: SIF vs. VERI*FACTU vs. SII

La siguiente tabla te ayudará a situar y comparar cada figura de un vistazo:

Plazos y Calendario de Implantación Actualizado

El calendario de implantación del SIF se extiende hasta 2026, con las siguientes fechas clave:

• 1 de enero de 2026: Entrada en vigor para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
• 1 de julio de 2026: Entrada en vigor para el resto de contribuyentes obligados (autónomos y pymes).

Además, es importante tener en cuenta que los fabricantes y comercializadores de software tienen un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial que regula los requisitos técnicos (HAC/1177/2024) para adaptar sus programas.

Conclusión

Entender la diferencia entre estos sistemas es crucial para preparar tu negocio correctamente. Mientras el SIF es la base obligatoria para la mayoría, VERI*FACTU es una capa voluntaria de verificación en tiempo real, y el SII es un sistema paralelo para el suministro de información del IVA que excluye la obligación del SIF. Identifica a cuál de ellos estás sujeto y planifica tu adaptación con tiempo.

Mas información y fuente: asesor Excelente.

En situaciones de dificultad financiera, las empresas deben actuar con responsabilidad y diligencia. Una de las vías legales previstas por nuestro ordenamiento jurídico para afrontar un estado de insolvencia es el concurso voluntario de acreedores. Este mecanismo, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), permite que sea el propio deudor quien solicite la intervención judicial para ordenar el pago a sus acreedores bajo la supervisión de un juez y una administración concursal.

¿Qué es el concurso voluntario?

El concurso voluntario es aquel que solicita el propio deudor, ya sea persona física o jurídica, cuando se encuentra en estado de insolvencia actual o inminente. A través de esta solicitud, se activa un procedimiento judicial destinado a proteger la viabilidad empresarial, garantizar los derechos de los acreedores y ordenar el patrimonio del deudor.

El concurso será calificado como voluntario siempre que la primera solicitud presentada en el juzgado provenga del deudor (art. 29 TRLC). Incluso si esta solicitud se presenta fuera del plazo legal de dos meses desde que se conoció la insolvencia (art. 5 TRLC), el concurso seguirá siendo voluntario, aunque esta demora pueda tener consecuencias jurídicas en la fase de calificación (posible presunción de culpa o dolo según el art. 444 TRLC).

Requisitos legales para solicitar el concurso

Según el artículo 6 del TRLC, el deudor que solicita el concurso debe manifestar de forma expresa el estado de insolvencia y acompañar ciertos documentos esenciales para que el juzgado valore su situación financiera. Estos documentos se clasifican en dos grandes bloques: documentación general (art. 7 TRLC) y documentación contable (art. 8 TRLC, cuando el deudor está obligado a llevar contabilidad).

Documentación general (art. 7 TRLC)

1. Memoria explicativa
   Incluye:
   Historia económica y jurídica del deudor.
   Actividades desarrolladas en los últimos tres años.
   Establecimientos y explotaciones.
   Causas de la insolvencia.
   Viabilidad futura (si la hubiera).

En caso de ser una persona jurídica, debe detallarse la identidad de socios, administradores, auditores, si cotiza en bolsa y si forma parte de un grupo de sociedades, identificando la sociedad dominante.

• Inventario de bienes y derechos
  Debe incluir:
  • Naturaleza y características de los bienes.
  • Localización y datos registrales.
  • Valor de adquisición y estimación de valor de mercado a la fecha de solicitud.
  • Cargas, gravámenes y derechos de terceros.
• Relación de acreedores
  Especificando:
  • Identidad, domicilio y contacto electrónico.
  • Importe y vencimiento de las deudas.
  • Garantías otorgadas.
  • Procedimientos judiciales en curso.
• Relación de trabajadores
  Número de empleados, centros de trabajo y representación sindical (si la hay).

Documentación contable adicional (art. 8 TRLC)

Cuando el deudor esté obligado a llevar contabilidad, deberá aportar:

• Cuentas anuales de los últimos tres ejercicios.
• Informes de gestión y de auditoría (si existen).

No es obligatoria la entrega de libros contables ni de documentos anteriores a los tres últimos ejercicios, aunque su conservación sea obligatoria por más tiempo.

¿Debe aprobarse en Junta General?

No. La solicitud de concurso no requiere aprobación de la junta general de accionistas, salvo que los estatutos sociales o la normativa aplicable en ciertos casos así lo exijan. En general, basta con la decisión del órgano de administración (como el consejo de administración en sociedades de capital).

¿Por qué es importante actuar a tiempo?

El concurso voluntario no solo permite al deudor ordenar su situación patrimonial bajo supervisión judicial, sino que puede ser clave para preservar la continuidad de la empresa, evitar responsabilidades personales de los administradores y minimizar los daños económicos para todas las partes implicadas. Solicitarlo dentro de los plazos legales puede ser la diferencia entre una solución ordenada o un escenario de mayor conflictividad y riesgo de calificación como concurso culpable.

Conclusión

El concurso voluntario es una herramienta legal al alcance de las empresas que atraviesan dificultades económicas. En MConsulting ofrecemos asesoramiento integral para preparar y presentar la solicitud de concurso de forma estratégica, rigurosa y orientada a la viabilidad empresarial. Si su empresa se encuentra en una situación de insolvencia, no espere a que sea demasiado tarde: la anticipación es clave.