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Esquema: Inversión del Sujeto Pasivo en la Compra de Terrenos e Inmuebles entre Mercantiles.

La clave está en identificar QUÉ TIPO DE OPERACIÓN estás realizando y aplicar el SUPUESTO CORRECTO de ISP.

Explicación de Cada Vía del Esquema

VÍA 1: Transmisión de un Terreno EXENTO con Renuncia a la Exención

¿A qué operaciones se aplica?

  • Entregas de terrenos rústicos (no urbanizables).
  • Entregas de terrenos urbanizables sobre los que NO se han iniciado obras de urbanización (suelo rural, sin transformación física).
  • Tratamiento por Defecto: La operación es EXENTA de IVA (no se paga IVA).
  • Cómo se aplica la ISP: El vendedor puede RENUNCIAR a la exención. Si renuncia, la operación pasa a ser sujeta y no exenta, y se aplica la ISP. El comprador paga el IVA.
  • Resultado:  SE APLICA LA ISP (por el 2º guion del Art. 84).

VÍA 2: Transmisión de un Inmueble en EJECUCIÓN DE GARANTÍA

  • ¿A qué operaciones se aplica?
    • Entregas de cualquier bien inmueble (incluidos solares) que esté afecto por una garantía real.
    • La garantía más común en este contexto: CARGAS URBANÍSTICAS REGISTRALES (obligación de pagar derramas por urbanización).
    • También se incluye una «dación en pago» para extinguir una deuda.
  • Tratamiento por Defecto: Depende del bien (puede ser sujeto y no exento, como un solar).
  • Cómo se aplica la ISP: La ley establece que, por definición, en estos supuestos el sujeto pasivo es el adquirente.
  • Requisito Clave: Que la garantía (p. ej., la afección por cargas urbanísticas) esté vigente e inscrita en el Registro de la Propiedad.
  • Resultado:  SE APLICA LA ISP (por el 3er guion del Art. 84). Este es el caso de la Consulta Vinculante V2711-23.

VÍA 3: Transmisión SUJETA y NO EXENTA (Régimen General)

  • ¿A qué operaciones se aplica?
    • Entregas de solares.
    • Entregas de terrenos en curso de urbanización (con obras iniciadas).
    • Entregas de edificaciones nuevas.
  • Tratamiento por Defecto: La operación es SUJETA y NO EXENTA. Lleva IVA.
  • Cómo se aplica la ISP: NO SE APLICA ninguno de los supuestos de ISP de forma automática.
  • ¿Quién liquida el IVA? El VENDEDOR es quien repercute el IVA al comprador en la factura y lo ingresa en Hacienda.
  • Resultado:  NO SE APLICA LA ISP. Es el régimen general de IVA.

El Tribunal Supremo fija la doctrina del Doble Tiro

El Tribunal Supremo (Sala Tercera, Contencioso-Administrativo) fija doctrina sobre el alcance del poder de la Administración para dictar nuevas liquidaciones tributarias después de que una anterior haya sido anulada.
Hasta ahora, en la práctica, muchas administraciones (estatales y autonómicas) anulaban una liquidación y volvían a dictar otra —y otra más— cada vez que un tribunal o un órgano económico-administrativo les corregía un defecto.

El Supremo corta de raíz esta práctica y establece una línea roja:
Solo puede haber una segunda oportunidad (“doble tiro”) para dictar una nueva liquidación. No más.

Antecedente del caso

  • El contribuyente presentó una autoliquidación del Impuesto de Sucesiones.
  • La Administración hizo una primera liquidación (corrigiendo valores declarados).
  • El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) anuló esa liquidación por falta de motivación y ordenó retrotraer actuaciones.
  • La Administración dictó una segunda liquidación, pero declaró caducado el procedimiento.
  • Luego abrió otro procedimiento nuevo y dictó una tercera liquidación.
  • Los tribunales territoriales ordenaron incluso una cuarta liquidación.
  • El contribuyente, ya exhausto, recurrió ante el Tribunal Supremo, que aprovecha para sentar doctrina limitando severamente la reiteración de liquidaciones.

Qué cambia exactamente esta sentencia

Antes:

  • La Administración se amparaba en la “retroacción de actuaciones” o en el “principio de eficacia” para volver a empezar tantas veces como quisiera, dictando una nueva liquidación cada vez que cometía un error, ya fuera formal o de fondo.
  • En la práctica, esto podía alargar indefinidamente el procedimiento y mantener al contribuyente en una situación de inseguridad jurídica constante.

Ahora (tras esta sentencia):

  • El Tribunal Supremo establece la doctrina del “doble tiro” (no “tiro único”):
  • Solo puede haber una segunda liquidación que sustituya a la primera anulada.
  • Si también se anula esa segunda, la Administración ya no puede dictar una tercera ni sucesivas.

Y da igual que el vicio sea formal (por ejemplo, falta de motivación), o material (por ejemplo, error en la base imponible).En ambos casos, solo hay dos oportunidades.

Límites impuestos a la Administración

El Supremo recuerda los principios constitucionales que deben regir la actuación administrativa (art. 103 CE):

  • Eficacia
  • Proporcionalidad
  • Seguridad jurídica
  • Buena administración
  • Buena fe

Y añade una enseñanza central: La Administración no tiene un “derecho al error indefinido”.
No puede beneficiarse de sus propias torpezas (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”).

En consecuencia:

  • No puede repetir liquidaciones indefinidamente hasta acertar.
  • No puede retrotraer actuaciones en bucle como si tuviera un “derecho a rehacer” sin límite.
  • Si la segunda liquidación también es nula o defectuosa, pierde la oportunidad: el procedimiento termina y no puede volver a liquidar.

Qué implica para los contribuyentes y la Administración

Que implica para los contribuyentes:

  • Ganan seguridad jurídica y finalidad del procedimiento.
  • Se pone fin al “acoso procesal” de liquidaciones encadenadas.

Que implica para la Administración:

  • La Administración no puede rehacer indefinidamente hasta lograr una liquidación correcta.
  • Solo tiene una segunda oportunidad para dictar una nueva liquidación cuando la primera se anula.
  • Debe actuar con mayor diligencia, motivación y precisión en esa segunda liquidación.
  • No puede abrir un nuevo procedimiento para “intentar de nuevo” la liquidación.
  • Queda sujeta al principio de buena administración y buena fe, con consecuencias jurídicas si reincide en errores.

En resumen

  • La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2025:
  • Fija doctrina casacional sobre el “doble tiro”.
  • Prohíbe la práctica de dictar terceras o sucesivas liquidaciones sobre el mismo hecho imponible.
  • Refuerza los principios de seguridad jurídica, buena administración y buena fe.
  • En la práctica, limita la potestad revisora y correctora de la Administración tributaria: solo dos oportunidades (la inicial y una más).

Mas información

Facturación: SIF, VERIFACTU y SII

La facturación en España está inmersa en una transformación digital impulsada por la Agencia Tributaria, dando lugar a nuevos sistemas y siglas que pueden generar confusión. Aunque a veces se mezclan, el SIF, VERI*FACTU y el SII no son lo mismo, ni conceptual ni tecnológicamente.

En este artículo, te explicamos de forma clara en qué consiste cada uno, a quién afecta y cómo diferenciarlos.

Los Tres Pilares de la Nueva Facturación

1. SIF (Sistema Informático de Facturación): La Base Obligatoria

El SIF sienta las bases legales que todo software de facturación deberá cumplir. No es un programa concreto, sino un conjunto de requisitos establecidos por el Real Decreto 1007/2023. Su objetivo es garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las facturas.

Todo software de facturación deberá permitir el registro de altas y anulaciones de facturas, garantizar la trazabilidad completa de eventos (log) e incluir un código QR en cada factura emitida.

2. VERI*FACTU: La Verificación en Tiempo Real

VERI*FACTU es, esencialmente, un SIF con superpoderes. Se construye sobre la base del SIF y añade un componente crucial: la remisión en línea y automática de los registros de facturación a la Agencia Tributaria en tiempo real.

Con ello, la Administración puede cotejar la factura al instante y el cliente dispone de un QR o una URL para verificar su autenticidad directamente con la AEAT. Es un sistema de carácter voluntario.

3. SII (Suministro Inmediato de Información): Los Libros de IVA

Es importante destacar que el SII no genera facturas. Su ámbito es diferente: obliga a las empresas a enviar los libros registro del IVA (facturas emitidas y recibidas) a la AEAT en un plazo muy reducido (4 días hábiles). Las empresas incluidas en este régimen no estarán obligadas a implantar un SIF, ya que se considera que el SII cumple con los fines de control de forma más amplia.

Tabla Comparativa: SIF vs. VERI*FACTU vs. SII

La siguiente tabla te ayudará a situar y comparar cada figura de un vistazo:

Plazos y Calendario de Implantación Actualizado

El calendario de implantación del SIF se extiende hasta 2026, con las siguientes fechas clave:

  • 1 de enero de 2026: Entrada en vigor para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
  • 1 de julio de 2026: Entrada en vigor para el resto de contribuyentes obligados (autónomos y pymes).

Además, es importante tener en cuenta que los fabricantes y comercializadores de software tienen un plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial que regula los requisitos técnicos (HAC/1177/2024) para adaptar sus programas.

Conclusión

Entender la diferencia entre estos sistemas es crucial para preparar tu negocio correctamente. Mientras el SIF es la base obligatoria para la mayoría, VERI*FACTU es una capa voluntaria de verificación en tiempo real, y el SII es un sistema paralelo para el suministro de información del IVA que excluye la obligación del SIF. Identifica a cuál de ellos estás sujeto y planifica tu adaptación con tiempo.

Mas información y fuente: asesor Excelente.

Nuevo horario Invierno

Estimados clientes:

Debido al gran volumen de trabajo que tenemos en el despacho, desde el próximo día 22 de septiembre, atenderemos al público en el horario habitual de mañanas, de 09:00 a 14:00 horas.

Por las tardes solo atenderemos a clientes los miércoles en horario de 15:00 a 18:00 o resto de tardes bajo cita previa.

Le ruego disculpen las molestias que el nuevo horario les pueda ocasionar, pero necesitamos disponer de tiempo a puerta cerrada para la realización de las funciones que ustedes nos han encomendado.

Muchas gracias por entenderlo, pero, sobre todo, infinitas gracias por la confianza que los clientes están depositando en este despacho que nos obliga a reorganizarnos para dar la misma calidad de asesoramiento.

El Concurso Voluntario: Qué es, cuándo debe presentarse y qué implica

En situaciones de dificultad financiera, las empresas deben actuar con responsabilidad y diligencia. Una de las vías legales previstas por nuestro ordenamiento jurídico para afrontar un estado de insolvencia es el concurso voluntario de acreedores. Este mecanismo, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), permite que sea el propio deudor quien solicite la intervención judicial para ordenar el pago a sus acreedores bajo la supervisión de un juez y una administración concursal.

¿Qué es el concurso voluntario?

El concurso voluntario es aquel que solicita el propio deudor, ya sea persona física o jurídica, cuando se encuentra en estado de insolvencia actual o inminente. A través de esta solicitud, se activa un procedimiento judicial destinado a proteger la viabilidad empresarial, garantizar los derechos de los acreedores y ordenar el patrimonio del deudor.

El concurso será calificado como voluntario siempre que la primera solicitud presentada en el juzgado provenga del deudor (art. 29 TRLC). Incluso si esta solicitud se presenta fuera del plazo legal de dos meses desde que se conoció la insolvencia (art. 5 TRLC), el concurso seguirá siendo voluntario, aunque esta demora pueda tener consecuencias jurídicas en la fase de calificación (posible presunción de culpa o dolo según el art. 444 TRLC).

Requisitos legales para solicitar el concurso

Según el artículo 6 del TRLC, el deudor que solicita el concurso debe manifestar de forma expresa el estado de insolvencia y acompañar ciertos documentos esenciales para que el juzgado valore su situación financiera. Estos documentos se clasifican en dos grandes bloques: documentación general (art. 7 TRLC) y documentación contable (art. 8 TRLC, cuando el deudor está obligado a llevar contabilidad).

Documentación general (art. 7 TRLC)

  1. Memoria explicativa
    Incluye:
    Historia económica y jurídica del deudor.
    Actividades desarrolladas en los últimos tres años.
    Establecimientos y explotaciones.
    Causas de la insolvencia.
    Viabilidad futura (si la hubiera).

En caso de ser una persona jurídica, debe detallarse la identidad de socios, administradores, auditores, si cotiza en bolsa y si forma parte de un grupo de sociedades, identificando la sociedad dominante.

  • Inventario de bienes y derechos
    Debe incluir:
    • Naturaleza y características de los bienes.
    • Localización y datos registrales.
    • Valor de adquisición y estimación de valor de mercado a la fecha de solicitud.
    • Cargas, gravámenes y derechos de terceros.
  • Relación de acreedores
    Especificando:
    • Identidad, domicilio y contacto electrónico.
    • Importe y vencimiento de las deudas.
    • Garantías otorgadas.
    • Procedimientos judiciales en curso.
  • Relación de trabajadores
    Número de empleados, centros de trabajo y representación sindical (si la hay).

Documentación contable adicional (art. 8 TRLC)

Cuando el deudor esté obligado a llevar contabilidad, deberá aportar:

  • Cuentas anuales de los últimos tres ejercicios.
  • Informes de gestión y de auditoría (si existen).

No es obligatoria la entrega de libros contables ni de documentos anteriores a los tres últimos ejercicios, aunque su conservación sea obligatoria por más tiempo.

¿Debe aprobarse en Junta General?

No. La solicitud de concurso no requiere aprobación de la junta general de accionistas, salvo que los estatutos sociales o la normativa aplicable en ciertos casos así lo exijan. En general, basta con la decisión del órgano de administración (como el consejo de administración en sociedades de capital).

¿Por qué es importante actuar a tiempo?

El concurso voluntario no solo permite al deudor ordenar su situación patrimonial bajo supervisión judicial, sino que puede ser clave para preservar la continuidad de la empresa, evitar responsabilidades personales de los administradores y minimizar los daños económicos para todas las partes implicadas. Solicitarlo dentro de los plazos legales puede ser la diferencia entre una solución ordenada o un escenario de mayor conflictividad y riesgo de calificación como concurso culpable.

Conclusión

El concurso voluntario es una herramienta legal al alcance de las empresas que atraviesan dificultades económicas. En MConsulting ofrecemos asesoramiento integral para preparar y presentar la solicitud de concurso de forma estratégica, rigurosa y orientada a la viabilidad empresarial. Si su empresa se encuentra en una situación de insolvencia, no espere a que sea demasiado tarde: la anticipación es clave.

Asesorando entre dos aguas

Hoy queremos detenernos en la dificultad de las asesorías españolas en su labor de mediación entre administración y cliente. Y viene a cuento porque ayer un cliente no solo nos contestó de malas formas sino que además nos amenazó con contar lo “poco eficientes” que somos en este despacho (hecho que en las calificaciones de google pueden dañar gravemente la reputación de un despacho).

Resulta que a este señor y su esposa les hicimos un canje del carnet de conducir. Es un trámite que a veces es lento pero que no suele tener complicaciones. El de su esposa llegó por correo ordinario, pero el suyo no. Reclamamos a Tráfico y nos dijeron que no podíamos reclamar hasta que Correos lo devolviese. Preguntamos en no menos de cuatro ocasiones con el mismo resultado. Renovamos el documento de conducción temporal, pero el carnet seguía sin llegar. Al tiempo, ante otra reclamación, nos dijeron que deberíamos solicitar un duplicado a nuestro cargo. Nos pareció injusto y presentamos escrito de queja. Evidentemente a este cliente solo le cargamos los honorarios iniciales de un canje, no percibimos ni un solo euro por este escrito ni por las continuas reclamaciones del documento extraviado a que he hecho mención.

La contestación, que copio aquí, ha sido que hay que pedir un duplicado del documento a cargo del cliente. Es una resolución injusta y entiendo que contraria a derecho, ya que, si un administrado dice haber enviado un documento a la administración, o lo ha hecho por correo certificado o ese documento no tendrá ninguna validez de no haber sido recibido en plazo por dicha administración. Ese mismo principio debería operar en contrario. Sin embargo, teniendo en cuenta los costes de pedir un duplicado, no creemos conveniente presentar mas reclamaciones y se lo hicimos saber al cliente. Bien, el resultado ya lo he explicado al principio. No es suficiente con que la administración en dicho escrito reconozca que el tramite está realizado (por nosotros) y que se envió el documento, no es suficiente nuestro esfuerzo gratuito al realizar las reclamaciones, el cliente pagó su frustración con nosotros.

Hace tiempo también tuvimos una nota negativa en google por no haber sido capaces de conseguir una cita previa en Policía. Sí, no fuimos capaces. Hoy mismo no podemos todavía obtener citas de toma de huellas en Gandía, teniendo una considerable lista de espera de clientes esperando y necesitando dicha cita. Pero esa lista no es por nuestra dejadez. Nuestros esfuerzos por obtener citas aseguro que son notables.

Hace menos tiempo otro cliente se ha enfadado por el tiempo que llevan las resoluciones de extranjería.

Quiero hacer ver con todo esto, que las asesorías, muchas veces tenemos que tener una importante labor de mediación entre un cliente que no entiende las dificultades del proceso y unos funcionarios que lejos de considerarnos sus colaboradores, nos consideran sus enemigos ya que nos vemos en la obligación de presentar recursos y reclamaciones. Nos vemos atrapados entre una administración, demasiadas veces inoperante y lenta con clientes a los que es difícil explicar que esto es así.

¿Donde Presentar el modelo 600?


En el ámbito fiscal, es fundamental conocer dónde y cómo presentar las declaraciones-liquidaciones y documentos tributarios. El Artículo 103 del Reglamento establece las reglas de competencia territorial, determinando qué oficina es la adecuada según el tipo de acto o documento.

En nuestra asesoría fiscal y tributaria, te explicamos de manera clara y práctica cómo aplicar estas normas para evitar errores y cumplir correctamente con tus obligaciones.

  1. Reglas Generales de Competencia Territorial
    El orden de preferencia para determinar la oficina competente es el siguiente:

A) Documentos sujetos a la cuota gradual del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)
Si el documento incluye algún concepto sujeto a la cuota gradual del AJD (artículo 72), la presentación debe hacerse en la oficina donde esté ubicado el Registro en el que deba inscribirse el bien o acto de mayor valor (según las normas del Impuesto sobre el Patrimonio).

B) Operaciones Societarias
Si el documento se refiere a operaciones societarias, la oficina competente será la del domicilio fiscal de la entidad.

C) Otras Modalidades
Si no aplican las reglas anteriores, la competencia se determinará según la naturaleza del acto o contrato:

  1. Reglas Específicas según el Tipo de Acto o Contrato
  2. Transmisiones y Arrendamientos de Bienes Inmuebles
    Oficina competente: La correspondiente a la ubicación del inmueble.

Si hay varios inmuebles en diferentes lugares, se presentará donde esté el de mayor valor (según el Impuesto sobre el Patrimonio).

  1. Hipotecas Mobiliarias, Prendas sin Desplazamiento, Buques o Aeronaves
    Oficina competente: La del Registro Mercantil o de Hipoteca Mobiliaria donde deban inscribirse.

Si hay varios bienes en distintos registros, se aplicará el de mayor valor.

  1. Transmisiones de Bienes Muebles, Semovientes o Créditos
    Oficina competente: La del domicilio fiscal del adquirente (si es persona jurídica) o su residencia habitual (si es persona física).

Si hay varios adquirentes, se aplicará el de mayor valor.

  1. Transmisiones de Valores
    Oficina competente: La del lugar donde se formalice la operación.
  2. Préstamos Simples, Fianzas, Arrendamientos no Inmobiliarios y Pensiones
    Oficina competente: La del domicilio fiscal o residencia habitual del sujeto pasivo.
  3. Concesiones Administrativas
    Si son concesiones de bienes: oficina donde radiquen los bienes.

Si son concesiones de servicios: oficina del domicilio fiscal o residencia del concesionario.

  1. Anotaciones Preventivas de Embargo
    Oficina competente: La del lugar de expedición.
  2. Conflictos de Competencia y Casos Especiales
    Si varias reglas aplican (por ejemplo, un documento con bienes inmuebles y muebles), prevalece la del acto o contrato de mayor valor.

Si no puede determinarse la competencia con las reglas anteriores, se aplicará el lugar de otorgamiento del documento.

Conclusión
Determinar correctamente la oficina competente es clave para evitar rechazos y sanciones. En nuestra asesoría fiscal, te ayudamos a identificar el lugar adecuado para presentar tus documentos y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Derivación de Responsabilidad y Segunda Oportunidad

Es bien sabido que en España hay poca protección del emprendedor. En otros países como en Estados Unidos se potencia la figura del emprendedor al que se le suponé que aprendió con un fracaso, para ayudarle a tener una segunda oportunidad. En España recuperarse de un proyecto empresarial fallido es verdaderamente complicado por varias razones:

La ley limita la exención de deudas para la Segunda Oportunidad a 10.000 euros por administración pública. Es habitual que la persona que ha tenido una situación de insolvencia, tenga entre sus acreedores principales a la Agencia Tributaria y a la seguridad Social. La ley no pone problemas a la exención de deudas de carácter privado, pero sí a las públicas.

La ley de segunda oportunidad también impide la exención de deudas que provengan por la derivación de las deudas de una sociedad, Pero ojo que aquí si hay una importante novedad:

El Tribunal Supremo ha confirmado que la responsabilidad subsidiaria tributaria (art. 43.1.a LGT) tiene naturaleza sancionadora, lo que otorga al administrador de una sociedad determinadas garantías procesales. Estas son las claves:

1. No cabe responsabilidad objetiva

  • No basta con ser administrador para ser declarado responsable subsidiario.
  • La Administración debe probar negligencia o culpa del administrador en las infracciones tributarias de la empresa.
  • Se vulneraría el principio de presunción de inocencia (art. 24 CE) si se exigiera el pago solo por el cargo.

2. La carga de la prueba recae en la Administración

  • No corresponde al administrador demostrar su inocencia, sino a Hacienda acreditar su culpa (acción u omisión negligente).
  • Las dudas deben resolverse aplicando el principio in dubio pro reo (beneficio de la duda para el administrador).
  • La sentencia anula un fallo previo de la Audiencia Nacional que exigía al administrador probar su diligencia.

3. Requisitos para la responsabilidad subsidiaria

  • Doble condición objetiva:
    • Que el responsable sea administrador.
    • Que la sociedad haya cometido infracciones tributarias.
  • Condición subjetiva: Conducta culpable del administrador (ej. negligencia en el cumplimiento fiscal).

Caso concreto resuelto

Se anuló una derivación de responsabilidad a un exadministrador de una empresa con deudas de IVA (2006-2008), ya que:

  • La Audiencia Nacional había basado la condena en la mera pasividad del administrador y la insolvencia de la empresa.
  • El Tribunal Supremo exige que Hacienda pruebe específicamente la negligencia, no solo la condición de administrador.

Conclusión: Esta sentencia refuerza las garantías de los administradores frente a reclamaciones tributarias, exigiendo a Hacienda una prueba efectiva de culpabilidad y no permitiendo condenas automáticas por el cargo.

¿Se puede tener un número de IVA en otro país europeo? ¿Qué se puede facturar con él?


Sí, una empresa o autónomo establecido en España puede obtener un número de IVA en otro país de la Unión Europea si realiza actividades económicas que lo requieran, como ventas locales, adquisiciones intracomunitarias frecuentes o almacenaje de productos. Este número se conoce como número de IVA intracomunitario local y debe solicitarse según las normativas del país correspondiente.

¿Cuándo se necesita un número de IVA en otro país de la UE?
Hay varias situaciones en las que puedes estar obligado o beneficiarte de tener un número de IVA en otro estado miembro:

  • Ventas locales: Si vendes productos directamente dentro de otro país (por ejemplo, en tiendas físicas o mediante entregas locales), necesitas registrarte allí.
  • Uso de servicios de fulfillment: Si utilizas plataformas como Amazon FBA que almacenan tu inventario en otros países, deberás registrarte a efectos de IVA en los países donde se almacene el stock.
  • Superación de umbrales de ventas a distancia: Aunque desde julio de 2021 este tipo de ventas se centraliza a través del sistema OSS (One-Stop Shop), hay casos en los que sigue siendo necesario el registro local.
  • Compras y ventas locales: Si compras productos en un país y los vendes allí sin trasladarlos a España, necesitarás un número de IVA en ese país.

¿Qué puedes facturar con ese número de IVA?
Tener un número de IVA en otro país te permite realizar distintas operaciones de forma legal y conforme a las normativas fiscales locales:

  • Ventas locales: Debes emitir facturas con el número de IVA local y aplicar el tipo impositivo vigente en ese país.
  • Operaciones intracomunitarias: Puedes usar el número para comprar y vender bienes entre países de la UE, actuando como sujeto pasivo del IVA en esas transacciones.

Aspectos clave a tener en cuenta

  • Obligación de declarar el IVA: Una vez registrado, debes presentar las declaraciones de IVA correspondientes en ese país, respetando sus formularios, plazos y normativas.
  • Representante fiscal: En algunos países, si no estás establecido físicamente, podrías estar obligado a nombrar un representante fiscal local.

Enlaces útiles:

Veri*Factu

El Reglamento Veri*factu, aprobado mediante el Real Decreto 1007/2023, supone un cambio significativo en los sistemas de facturación de autónomos y empresas. A partir de 2026, será obligatorio utilizar programas informáticos que aseguren la integridad, conservación, trazabilidad y accesibilidad de los registros de facturación, o bien utilizar la plataforma gratuita de la Agencia Tributaria (AEAT). Pero ¿esto aplica a todos por igual?

En este artículo te explicamos a quién afecta esta nueva normativa, quiénes están obligados a adaptarse, quiénes quedan exentos y qué particularidades territoriales o excepciones deben considerarse. Si eres asesor, profesional o desarrollas cualquier actividad económica, esto te interesa.

¿Qué es Veri*factu?

Veri*factu es una nueva configuración de los sistemas de facturación que, a partir del 1 de enero de 2026 para entidades mercantiles y del 1 de julio de 2026 para personas físicas, establece requisitos específicos para garantizar el control de las facturas emitidas.

Desde esas fechas, será obligatorio:

  • Utilizar software de facturación que cumpla los requisitos del Reglamento.
  • O bien emplear el sistema que la AEAT ofrecerá a través de su sede electrónica.

¿Quiénes están obligados a cumplir con Veri*factu?

Según el artículo 3 del Reglamento, la obligación alcanza a todas las personas y entidades que realicen actividades económicas, incluyendo:

  • Empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades (IS), salvo si están exentas.
  • Autónomos o personas físicas que desarrollen una actividad económica.
  • Entidades en régimen de atribución de rentas (como comunidades de bienes).
  • Establecimientos permanentes en España con actividad económica.

¿Existen excepciones?

Sí, hay varios supuestos en los que no será obligatorio aplicar este sistema:

  1. Régimen de módulos o recargo de equivalencia: Cuando no estén obligados a emitir factura, estos contribuyentes quedan fuera del ámbito de aplicación.
  2. Régimen de agricultura: En este caso, los recibos agrarios los emite el comprador de los productos, no el agricultor, por lo que estos últimos no están afectados en esos casos.
  3. Contribuyentes que aplican el SII (Suministro Inmediato de Información): Ya sea por obligación o de forma voluntaria, quedan exentos de aplicar Veri*factu.
  4. Autofacturas autorizadas: Cuando un proveedor permite que su cliente emita facturas en su nombre y este último está en el SII, se considera una excepción.
  5. Exenciones concedidas por la AEAT: De forma expresa, la Agencia Tributaria puede autorizar excepciones en determinados casos.

¿Se aplica en todo el territorio español?

No completamente. Están excluidos de esta obligación los contribuyentes sujetos a la normativa foral del País Vasco en materia de imposición directa, ya que allí se aplica el sistema “TicketBAI”, con características similares al Veri*factu.

Esta excepción no se extiende a Navarra, Canarias, Ceuta ni Melilla. En estos territorios sí se aplicará el reglamento en los términos generales.

¿Qué otros aspectos debes tener en cuenta?

  • La norma solo aplica a actividades económicas. Operaciones que generen rendimientos del capital, como un alquiler inmobiliario particular, no están incluidas.
  • Solo se regula la emisión de facturas, por lo que otros documentos como albaranes o recibos quedan fuera del ámbito del Reglamento.

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